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Elecciones nuevas, problemas antiguos

29 Abril 2015

Artículo publicado en el suplemento “+ valor abril” de el Periódico del pasado 28 de abril, en relación con las elecciones municipales del próximo 24 de mayo.

Hace ahora cuatro años señalábamos en estas misma páginas, a cuenta de las elecciones locales de 2011, las dificultades que tenía el modelo municipal para hacerse sostenible. En aquella ocasión poníamos de manifiesto tres causas: estructura local mal dimensionada; inadecuado y, en ocasiones, difuso marco competencial e, ineficiente modelo de financiación local. Y señalábamos tres soluciones: mejorar la eficiencia, apostando por una nueva planificación territorial; reducir el gasto, definiendo mejor sus competencias y apostando por figuras mancomunadas o consorciadas de prestación de servicios; y aumentar los recursos sin perder calidad en los servicios, revisando el modelo de financiación y analizando los costes y sus posibilidades de repercusión.

Cuatro años después seguimos considerando que el papel que juegan las entidades locales en la estructura del modelo social es fundamental. El gobierno local es el ente ideal para orientar con más garantía su actuación hacia las preferencias de los residentes. Al mismo tiempo, éstos residentes
pueden valorar mejor la calidad y el coste de los servicios públicos que disfrutan y pagan. La competencia entre los gobiernos locales les forzará a tener que innovar en la gestión y elección más
atractiva para los residentes del mix “servicios públicos e impuestos locales”. Pero ello requiere una
asignación apropiada y clara de las competencias, que las entidades locales produzcan bienes públicos
estrictamente locales en el sentido de que los beneficiarios potenciales de los bienes sean sólo los
residentes locales y, que estos bienes públicos, se financien con impuestos locales.

Observando el informe “Haciendas Locales en cifras” del Ministerio de Hacienda, vemos cómo los
municipios realizan el mayor gasto en la prestación de servicios públicos básicos que incluyen: gasto en
seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, medio ambiente, y bienestar comunitario
(saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de
residuos; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; alumbrado público y otros), así como en
políticas de gasto relativas a servicios sociales y promoción social. Por el lado de los ingresos, los
municipios obtienen su financiación fundamentalmente de la recaudación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, las transferencias corrientes de otras administraciones y las tasas por prestaciones de
servicios públicos o realización de actividades. Este reparto provoca que la autonomía financiera de los
municipios, determinada por la importancia relativa de sus ingresos propios, tan sólo suponga el 53,4
por ciento de sus recursos totales.

Por tanto, esta relación entre gastos e ingresos de las entidades locales muestra una asimetría muchas
veces criticada entre la incidencia local de los beneficios y la distribución de los costes de las decisiones
políticas. Es decir, el político local gana votos si aumenta la oferta de servicios, pero pierde votos si
anuncia que debe aumentar los impuestos o tasas locales para financiarlos. Con ello, el recurso
habitual pasa por aumentar los gastos sin aumentar la presión fiscal y conseguir transferencias del gobierno central para financiarlos.

La respuesta a este panorama al que se enfrentan las entidades locales debía venir de la mano de la
Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local aprobada en diciembre de 2013, que
perseguía fundamentalmente clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades,
racionalizar su estructura organizativa y garantizar un control financiero y presupuestario más
riguroso. Un vistazo a la Ley nos plantea dudas.

Es cierto que era muy necesario clarificar las competencias de los municipios, evitar duplicidades y
establecer la necesidad de que vayan acompañadas de la adecuada financiación, pero el resultado final
de este objetivo loable acaba siendo una reducción de competencias y una elevada probabilidad de
que algunos de los servicios dejen de prestarse. Por ejemplo, resulta preocupante la situación de los
municipios de menos de 20.000 habitantes que son el 95 por ciento del total y que, cuando no puedan
demostrar que prestan el servicio de forma eficiente, verán transferidas sus competencias a las
Diputaciones. Con ello, el cambio supone trasladar la prestación a unas Entidades que no está
demostrado que sean capaces de actuar con mayor eficiencia y que no están gobernadas por la
representación directa sino más bien por un habitual déficit de transparencia. Hubiera sido más
operativo apostar por una nueva planificación territorial.

Por contra, en aras de dicha eficiencia y transparencia, sí parece un acierto la obligación que incorpora
la Ley de evaluar y publicitar antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios
públicos prestados por las entidades locales. La Ley no define con claridad el concepto de “coste
efectivo” y parece misión imposible aplicarlo en la práctica. Estamos hablando de más de 8.000
municipios, en muchos casos sin contabilidad de costes ni resultados de la provisión.

En conclusión, sigue siendo difícil hacer sostenible el modelo a pesar de lo necesario que resulta.

Gotas agua XC

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