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La nueva fiscalidad en el Principado de Andorra

12 Juny 2012

Andorra ha realizado en los últimos años un esfuerzo considerable para adaptar su sistema jurídico-tributario a los estándares exigidos por los organismos internacionales. Acto seguido a la firma de los Acuerdos de Intercambio de información tributaria con España y con Francia, tocaría el inicio de negociaciones de los Convenios para evitar la doble imposición, habiéndose ya iniciado con el país galo.

Con este fin, se han dictado tres normas fiscales básicas: el Impuesto sobre la Renta de las Actividades Económicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Hoy nos centraremos en esta última, regulada por Ley 94/2010 (modificada por Ley 18/2011) y Decreto de 25/01/2012 que aprueba su Reglamento.

El Impuesto sobre la Renta de no residentes fiscales en Andorra es un tributo de carácter directo que grava a las personas jurídicas y físicas no residentes que obtienen rentas en el Principado, que aparecen como obligados tributarios.  Al igual que en España, con el fin de asegurarse el ingresos de las cuotas tributarias, la norma andorrana ha previsto otros sujetos obligados. Responderán por ello solidariamente de la deuda tanto el pagador de los rendimientos devengados como el depositario, el mandatario o gestor de los bienes o derechos.

Con el fin de facilitar la comunicación entre el Ministerio de las Finanzas y el obligado tributario, se exigirá el nombramiento de un representante fiscal, que será obligatorio cuando se actúe mediante un establecimiento permanente en Andorra o cuando lo requiera el Ministerio, atendiendo la cuantía o las características de la renta obtenida. Formalmente, podrá ser representante cualquier persona física o jurídica residente en Andorra, siempre que se acompañe la comunicación de nombramiento de la aceptación expresa del mismo. Entre el nombramiento y la comunicación al Ministerio no tiene que haber transcurrido 30 días.

La característica principal de la norma andorrana es la aplicación sobre las rentas dinerarias o en especie, obtenidas en su territorio. Como regla general, se entenderán como rentas obtenidas en territorio andorrano todas aquellas que sean satisfechas por personas jurídicas residentes en Andorra o por personas físicas que actúen como empresarios o profesionales residentes (si actúan como particulares estarán exentos de la obligación de retener y declarar), exceptuándose las rentas correspondientes a derechos o prestaciones contratadas, realizadas o utilizadas fuera de territorio andorrano. El punto de conexión será pues la obtención de rentas en Andorra, tanto por servicios que se presten o se consumen dentro del territorio.

La normativa declara expresamente exentas las siguientes rentas cuando sean percibidas por entidades no residentes, sobre:

  • El capital mobiliario (dividendos, alquileres de bienes, propiedad intelectual e industrial, …).
  • Intereses y otros rendimientos sobre el capital mobiliario.
  • Compraventa internacional de mercancías y sus gastos accesorios o conexos y su exportación temporal para reparar o transformar.
  • Sueldos y salarios de los trabajadores afiliados a la caja andorrana de la seguridad social.

Al igual que la norma española, la LIRNR establece dos reglas tributación, en función de su obtención mediante o sin un establecimiento permanente, siguiéndose la definición habitualmente utilizada, como un lugar fijo de negocios de cualquier índole, dispuesto de forma continuada o habitual, a través del cual la entidad realiza toda o parte de su actividad. Dichas personas o entidades que operen a través de un EP deberán inscribirse en el Registro de Entidades no residentes y en el Registro de Sociedades Mercantiles, en el momento de iniciar la actividad.

La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base de tributación el tipo general del 10% y, excepcionalmente del 1,5% para los rendimientos de operaciones de reaseguro. Este tipo del 10% se aplica tanto sobre las rentas obtenidas mediante o sin establecimiento permanente y coincide con el tipo general previsto para el Impuesto sobre Sociedades. Para la transmisión de bienes inmuebles situados en Andorra realizados por obligados tributarios no residentes se prevé la obligación de retener e ingresar a cuenta del futuro impuesto la cantidad del 5%. Esta obligación se hace extensiva a las ventas de acciones o participaciones sociales en que más del 50% de su valor procedan de bienes inmuebles situados en territorio andorrano.

El régimen sancionador por el incumplimiento de la obligación de retención e ingreso de los obligados tributarios en Andorra consiste en una multa fija de 150€ a 3.000€, en función de la gravedad, pudiendo aplicarse además una multa proporcional de entre el 50% y el 150% de la cuota defraudada.

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