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Un “plan A” para sacar a flote la “economía B”

27 Abril 2012

En un momento de desánimo como el que estamos viviendo, dónde las malas noticias económicas parecen sucederse y con la percepción del ciudadano de que todo puede ir a peor, no resulta sorprendente pensar que si algo está funcionando es precisamente la economía sumergida.

Pero cuando hablamos de economía sumergida nos referimos a un fenómeno complejo tanto para su estudio como para su cuantificación, no sólo por la lógica falta de datos precisos y fiables, sino incluso por la propia dificultad para delimitar que se entiende por economía sumergida.

Por eso, con la idea de buscar una definición homogénea, la OCDE considera que la economía sumergida consiste en “actividades que son productivas en sentido económico y relativamente legales, pero que son escondidas deliberadamente a las autoridades públicas para evitar el pagos de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, así como para evitar el cumplimiento de algunos procedimientos administrativos”.

Entonces ¿Qué factores provocan el crecimiento de la economía sumergida? A nuestro entender podemos destacar dos factores: por un lado, la mentalidad fiscal de los ciudadanos de un país y por otro el nivel de esfuerzo fiscal que soportan, entendido como la cuantía de los impuestos que pagan en proporción a un indicador de su capacidad de pago.

Podemos definir la mentalidad fiscal, como el conjunto de actitudes que predominan en una sociedad con relación a la imposición. De esta mentalidad adquieren importancia los conceptos “moral fiscal” del contribuyente (es decir, su posición ante el delito fiscal) y “disciplina fiscal” (es decir, su tendencia a observar o no sus deberes fiscales).

La mentalidad fiscal ofrece diferencias típicas entre países. Estas diferencias se deben no sólo a la moral fiscal específica del país, que como hemos dicho representa la actitud de un grupo o de la totalidad de los contribuyentes frente al cumplimiento de sus deberes fiscales; sino también al éxito o fracaso de determinados impuestos y al carácter general de su sistema tributario. Los pueblos latinos muestran frente a todo tipo de autoridad, pero muy especialmente frente a la autoridad fiscal, una desconfianza innata y una repulsa tradicional, bien distintas de la disciplina de ingleses o escandinavos. Por eso no es de extrañar que según estimaciones de la OCDE para 2009, países como Grecia (25% del PIB), Italia (22%), España (19,5%) o Portugal (19,5%) tengan unos niveles de economía sumergida que más que doblan a la de países como Austria (8,5%), Nueva Zelanda (9,5%), Reino Unido (9,5%), Australia (10%) y Holanda (10,2%).

En general, puede afirmarse que la mentalidad fiscal está profundamente arraigada en cada sociedad y que varía sólo muy lentamente: toda novedad se mira, en este asunto, con cierta desconfianza. El legislador, si quiere tener éxito, debe adaptarse a la “conciencia social” del pueblo en lugar de tratar de cambiarla por la fuerza en relación con un determinado impuesto o sistema impositivo; por eso, el peso de las cargas fiscales que el contribuyente acepta, depende en gran medida, de la forma en que éstas le son presentadas.

Con la idea de conocer la mentalidad fiscal del país, el Instituto de Estudios Fiscales elabora anualmente una encuesta que recoge las “opiniones y actitudes fiscales de los españoles”. Según el barómetro de 2010, el último disponible, el 57% de los entrevistados considera que el cumplimiento de las obligaciones fiscales ha empeorado en la última década; y el 43% que considera que ha mejorado, lo atribuye básicamente a las retenciones aplicadas sobre los salarios, lo cual impide la posibilidad de eludir el pago, y al control que ejerce la Inspección de Hacienda sobre el contribuyente; considerando en tercer lugar a la conciencia social sobre la necesidad de pagar impuestos.

Respecto al fraude fiscal, el 72% de los encuestados considera que en la última década el fraude fiscal ha aumentado y las principales causas de ello han sido la falta de conciencia cívica y la sensación de que los actuales impuestos son excesivos. En todo caso, la economía sumergida se sigue considerando como el tipo de fraude más pernicioso para la sociedad en su conjunto.

Respecto al nivel de esfuerzo fiscal, cuanto mayor sea éste mayores serán los incentivos de los individuos para permanecer en la economía sumergida. En un contexto como el actual en el que España presenta una presión fiscal directa cada vez más elevada (tipo máximo del IRPF del 52,1%, del 30% en el Impuesto de Sociedades y superior al 24% en la cotización a la SS que paga la empresa), y en el que al mismo tiempo la capacidad de pago de muchas familias está disminuyendo, el terreno está abonado para que la relación se cumpla.

Sin duda, las consecuencias de la existencia de economía sumergida son siempre injustas para aquellos que cumplen con la legalidad y con sus obligaciones fiscales. Se provocan distorsiones en el mercado laboral con situaciones de empleo precario y falta de cobertura social para los trabajadores; la menor recaudación de impuestos y cotizaciones sociales en la que incurre el sector público, obliga a compensaciones impositivas que perjudican a los contribuyentes así como a una disminución de la cantidad y calidad de los bienes públicos provistos; y genera ventajas competitivas injustas contra las empresas que cumplen con la legalidad.

En conclusión, para evitar el crecimiento de la “economía B” necesitamos un “plan A” que pasa por: mejorar la inspección, mejorar la información sobre el destino de los ingresos fiscales, racionalizar el gasto y mejorar la mentalidad fiscal del ciudadano dejándole clara la importancia de que para sostener las necesidades de gasto de la administración hemos de contribuir todos; pero al mismo tiempo, se deben evitar las medidas que sólo crean confusión y malestar: como no disipar las dudas respecto a cuál será el próximo impuesto en verse incrementado y aprobar una amnistía fiscal poco “justa”.

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