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Cómputo de las dilaciones en el procedimiento inspector

5 Mai 2011

Las actuaciones inspectoras pretenden garantizar el cumplimiento de los principios que ordenan el sistema tributario (capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad) con la finalidad de conseguir la aplicación general y efectiva del mismo, asegurar la equidad en el cumplimiento de los tributos, y obtener los ingresos necesarios para sufragar los gastos y servicios públicos.

Las facultades de la Inspección se regulan en la Ley General Tributaria -concretamente el artículo 142 se refiere a las actuaciones inspectoras- y en el Reglamento General de Gestión e Inspección (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio). Para su ejercicio, la normativa otorga a la Administración la facultad de examinar y analizar los documentos o antecedentes que sean precisos para probar los hechos y circunstancias consignados en las declaraciones tributarias y a efectuar los requerimientos de obtención de información necesarios para ello.

El procedimiento inspector tiene fijado un plazo máximo de duración, para cuyo cómputo se toman como fecha inicial la notificación del inicio de las actuaciones y como fecha final aquella en que se notifique o se entienda notificada la liquidación (art.150 LGT).

Sin embargo la ley prevee que a lo largo de dicho procedimiento se produzcan interrupciones y distingue entre aquellas interrupciones que se consideran justificadas y aquellas que no.

El periodo de duración de las interrupciones justificadas no se tiene en cuenta para el cómputo del plazo máximo del procedimiento inspector.

Las interrupciones injustificadas se refieren a supuestos en los que el procedimiento inspector queda paralizado durante más de 6 meses por causas no imputables al obligado tributario.

Si la interrupción es imputable al obligado tributario no se producen las consecuencias previstas en la ley general tributaria.

El Tribunal Supremo sostiene que, en el cómputo de las dilaciones, debe analizarse cada caso concreto. Y que para considerar que esta interrupción es imputable al obligado tributario no basta con constatar un retraso en la aportación de la documentación, sino que es necesario que ese retraso impida a la Inspección continuar con normalidad el desarrollo de sus tareas.

Asi mismo el Tribunal Supremo sostiene, respecto a las interrupciones justificadas, que sólo tienen dicho carácter aquéllas que, por la naturaleza y por el contenido de la información solicitada, impidan proseguir con la tarea inspectora.

 

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